Suprema ratifica histórico fallo y determina que previo a 2020 las sociedades de inversión no pagan patente municipal

Días antes del estallido social de octubre de 2019, la Corte Suprema marcó un hito, al determinar que las sociedades de inversión pasivas no estaban afectas al pago de la patente municipal, provocando un giro en la jurisprudencia que fue comentario obligado entre abogados y gobiernos locales del país.

Casi cuatro años más tarde, el máximo tribunal vuelve a refrendar ese criterio.

En específico, la Primera Sala de la Suprema aprobó, por cuatro votos a favor y uno en contra, un recurso de casación presentado por la sociedad de inversiones Pablo Bauer Novoa & Cía. en contra de la municipalidad de Lo Barnechea, en un juicio de cobro ejecutivo de patentes y derechos municipales entre julio de 2018 y enero de 2019.

El monto involucrado no es muy alto, apenas $ 1,9 millones, pero el alcance del fallo es relevante debido a que confirma un criterio del máximo tribunal que se había aplicado hasta inicios de los 2010.

El socio de Recabarren & Asociados, Luis Felipe Ocampo, explica que la sentencia viene a revivir una "agitada polémica" que se disputó hasta hace diez años atrás, respecto a si esas sociedades de inversión se encontraban o no afectas al pago del señalado tributo.

"La sentencia de la primera sala del máximo tribunal abarca un completo análisis de los pronunciamientos judiciales y de Contraloría, relativos a las sociedades de inversión pasiva, concluyendo, como lo hizo el máximo tribunal en el año 2012, que aquellas sociedades de inversión pasiva, no quedaban afectas al pago de patente, reiterando el criterio de que, al ser pasivas, no están sujetas a ese hecho gravado, cuestión que fue objeto de criterios alternativos en los años previos", señala el especialista.

Las implicancias de un debate histórico

Una sociedad de inversiones pasiva se refiere a aquella dedicada a la adquisición de bienes con fines rentísticos y que no involucran la producción de bienes ni la prestación de servicios, por lo que se pueden utilizar para gestionar inversiones, adquirir bienes inmuebles o participaciones societarias, por ejemplo.

En tanto, la patente municipal es la contribución que realiza una persona (natural o jurídica) al municipio correspondiente al domicilio donde se encuentra su local, oficina u establecimiento, por el ejercicio de una o más actividades comerciales o lucrativas. Grava la actividad que se ejerce por un mismo contribuyente, en su local, oficina, establecimiento, kiosco o lugar determinado con prescindencia de la clase o número de giros o rubros distintos que comprenda.

El tributo aplica para el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación. El tributo tiene una tasa entre 2,5% y 5% del capital propio tributario del contribuyente por un período de doce meses.

El fallo de 2019 también involucraba al municipio de Lo Barnechea, ya que en octubre de ese año falló a favor de la sociedad de inversiones Los Peumos Limitada, la que tenía su origen en la solicitud del gobierno comunal para que se pagaran las patentes adeudadas entre el segundo semestre del 2013 y el primer semestre del 2015.

La sentencia implicaba un cambio de criterio de parte del máximo tribunal, el que sistemáticamente desde el 2010 había venido fallando a favor de los municipios, al considerar que las sociedades pasivas de inversión deben tributar por las actividades que realizan.

Ocampo agrega que este pronunciamiento es relevante para los casos que estén judicializados por pago de patentes hasta antes del 24 de febrero de 2020, día en que se publicó la Ley de Modernización Tributaria, que consagró que a partir del primero de julio de dicho año las sociedades de inversión pasivas están afectas a patente.

Hoy existen actualmente alrededor de diez casos en tribunales que tratan controversias entre municipios y contribuyentes en esta línea, en juzgados de La Ligua, Zapallar, Santiago y Talca, entre otras, que involucran a gobiernos locales como el de Las Condes, Lo Barnechea, Romeral y Huechuraba, por citar algunos.